La administración del presidente Donald Trump corrigió el rumbo de una polémica directriz migratoria que habría obligado a miles de extranjeros a salir del país para tramitar la residencia permanente. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la evaluación se realizará de manera individualizada, descartando la aplicación general de la medida.
Fuentes oficiales indicaron que la instrucción original solo pretendía recordar a los oficiales consulares el uso de su facultad discrecional en cada expediente. Según el Gobierno, la norma no introduce cambios sustanciales respecto a la legislación vigente desde hace décadas.
Impacto limitado para profesionales cualificados
El Ejecutivo subrayó que los solicitantes con alta cualificación profesional y trayectoria legal limpia no se verán perjudicados por esta política. La Casa Blanca mantiene su prioridad de atraer talento que fortalezca al país en los ámbitos cultural, social y financiero.
El giro se produjo después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciara días atrás que los titulares de visados temporales —estudiantes, trabajadores o turistas— debían regresar a su país de origen para iniciar el proceso de la green card, salvo circunstancias excepcionales.
Reacción de organizaciones defensoras de migrantes
Distintas asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y bufetes jurídicos manifestaron su consternación ante la propuesta inicial, al considerar que generaría incertidumbre entre quienes buscan establecerse legalmente en Estados Unidos. Anualmente se aprueban más de un millón de residencias permanentes, y más de la mitad de los beneficiarios ya residían dentro del territorio estadounidense al momento de la solicitud.
Esta marcha atrás se inscribe en la ofensiva migratoria impulsada por Trump desde enero, que ya ha cerrado de forma prácticamente total la vía de refugiados como alternativa legal de ingreso al país.
