La medida busca castigar con hasta 20 años de cárcel a quienes destruyan áreas protegidas
El presidente Luis Abinader declaró como «terrorismo ambiental» las acciones deliberadas que dañen gravemente parques nacionales y ecosistemas protegidos. La decisión busca frenar incendios, talas e invasiones que comprometen el agua y la vida.
El presidente Luis Abinader declaró como «terrorismo ambiental» las acciones deliberadas que provoquen daños graves a los parques nacionales y otros ecosistemas protegidos del país. La medida, respaldada por el editor, busca que destruir un bosque protegido no sea considerado una infracción ambiental cualquiera, sino un delito grave.
Los bosques constituyen una de las infraestructuras naturales más valiosas de la nación. De ellos dependen el agua que bebemos, la fertilidad de los suelos, la vida útil de las presas, la biodiversidad y la capacidad del país para enfrentar un clima cada vez más extremo. Quien incendia, tala o invade conscientemente un área protegida no solo destruye árboles: compromete fuentes de agua, amenaza comunidades y ocasiona un daño que pagarán generaciones futuras.
El decreto y la voluntad del presidente Abinader, aunque importantes, no son suficientes. La defensa de los recursos naturales debe ser un compromiso nacional que involucre a productores, comunidades, empresas, escuelas, universidades y ciudadanos. Defender los bosques es un acto de inteligencia, patriotismo y supervivencia nacional. Un bosque puede desaparecer en horas bajo las llamas, pero puede necesitar décadas para recuperarse, y lo perdido muchas veces no vuelve a ser exactamente lo que fue.
Para exigir el cumplimiento de la ley, el Estado debe proporcionar los instrumentos necesarios. El Gobierno debe asignar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fondos suficientes para disponer de personal entrenado, bien equipado, adecuadamente remunerado y en número suficiente para mantener una vigilancia permanente sobre los parques nacionales y principales reservas forestales. Se necesita un verdadero ejército forestal: hombres y mujeres preparados para vigilar, prevenir, detectar y actuar antes de que aparezcan las llamas o entren las motosierras. Además, debe desarrollarse una campaña nacional que deje claro que destruir deliberadamente un área protegida se expone a una condena de hasta veinte años de cárcel.
