Transparencia en informes de Contraloría es vital para comunidades del Sur
La jurista Yulibelys Wandelpool advirtió que el Poder Ejecutivo no puede reservar de forma discrecional las auditorías de la Contraloría, un tema que impacta la gestión de recursos en Barahona y la región Sur.
La abogada especialista en derecho administrativo, Yulibelys Wandelpool, señaló que la falta de un mandato expreso de publicación automática en la Ley 10-07 no faculta al Poder Ejecutivo para decidir qué informes de la Contraloría General de la República conoce la ciudadanía. Para los munícipes de Barahona, que dependen de la correcta inversión de fondos en obras y servicios, esta advertencia refuerza la necesidad de que los recursos lleguen sin opacidad.
El pronunciamiento responde al argumento institucional de que la ley no obliga a difundir las auditorías y de que se debe esperar una oficialización gubernamental. Wandelpool, experta en compras públicas y derecho laboral, recordó que la normativa estipula la remisión de informes al Ejecutivo y a los órganos competentes como parte del control interno, pero eso no autoriza una reserva indefinida que afecte la confianza en la gestión local.
La jurista enfatizó que el marco legal vigente, incluida la Constitución y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, obliga a las instituciones a entregar documentos bajo su control. En comunidades del Sur, como Barahona, la transparencia es clave para vigilar proyectos de turismo, infraestructura y programas sociales que dependen de fondos públicos.
Wandelpool subrayó que la reserva de información debe ser excepcional, caso por caso y con causa legal concreta, como investigaciones en curso. La administración pública debe justificar cualquier negativa a entregar auditorías definitivas, y no condicionar la transparencia a la voluntad gubernamental o conveniencia política, algo que los ciudadanos del Sur deben exigir para proteger sus intereses.
