Corte de Apelación del Distrito Nacional definirá si se mantiene la astreinte por un celular no devuelto
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 18 de noviembre el fallo del recurso de la Procuraduría General para revocar la condena de RD$7.5 millones por no devolver un celular Samsung valorado en 3,200 pesos a un imputado. El caso sienta un precedente sobre el cumplimiento de órdenes judiciales por parte del Estado.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional estableció este martes, tras conocer el fondo del recurso, la fecha del 18 de noviembre para emitir su fallo sobre la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República. El organismo busca revocar la decisión que lo condenó al pago de RD$7.5 millones por no devolver un teléfono Samsung del año 2012, valorado en 3,200 pesos, a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado por presunta corrupción.
La decisión recurrida fue emitida por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción, y corresponde al monto de liquidación de la astreinte, una sanción económica de 20 mil pesos diarios impuesta por el incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de 16 bienes incautados. De todos ellos, solo faltaba por entregar el Samsung.
El abogado Jhon Manuel Frías, representante de Álvarez Carbuccia, explicó que la astreinte 'no busca indemnizar el valor del celular. Su finalidad es obligar al Estado a cumplir una orden judicial'. Sostuvo que permitir que la parte que desacata una orden simplemente alegue que el bien 'se perdió' o 'estaba en una mudanza' haría perder eficacia a las decisiones judiciales.
Según la disposición de la jueza Padilla, el Ministerio Público alegó que no había entregado el dispositivo porque estaba en el Inacif para una extracción de datos y luego fue llevado al almacén de evidencias, donde se extravió tras una 'mudanza demasiada apresurada'. Los fiscales ofrecieron pagar el celular, pero la magistrada argumentó que no se justificó razonablemente la imposibilidad de cumplir con la devolución. Álvarez Carbuccia se desempeñó como director administrativo del Intrant durante la gestión de Hugo Beras y forma parte del grupo de 10 personas acusadas por presunto sabotaje a la red semafórica y estafa contra el Estado.
