El servicio gratuito de justicia se mantiene para personas físicas en Barahona y el Sur
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, ratificó que esa institución no representará a empresas privadas, lo que garantiza que los recursos del sistema se enfoquen en personas de escasos recursos, como las de Barahona y el Sur.
Barahona, región Sur. La Oficina Nacional de la Defensa Pública, dirigida por Rodolfo Valentín, reiteró que no asignará abogados a empresas u organizaciones privadas, pese a que algunos tribunales del Distrito Nacional han exigido su intervención y han advertido sobre posibles acciones por desacato. Esta postura impacta directamente en la región Sur, donde muchas comunidades dependen de la asistencia legal gratuita para resolver conflictos cotidianos.
Valentín explicó que la decisión se sustenta en la Constitución y la Ley de la Defensa Pública, que conciben el servicio como un derecho para personas físicas sin recursos. "Algunos tribunales se han empecinado en requerir defensores públicos para empresas privadas, sin advertir que caen en trampas estratégicas", afirmó. Para el Sur, esta claridad evita que los pocos abogados disponibles se desvíen a intereses comerciales, dejando desprotegidos a los más vulnerables.
El funcionario, oriundo de la región Sur, destacó que la interpretación de algunos jueces sobre el concepto de "persona" es incorrecta, pues la Constitución distingue entre personas físicas y jurídicas. "No conozco ningún país de Iberoamérica donde el servicio estatal represente a empresas privadas", sostuvo. Como excepción, mencionó a España, donde solo se asiste a ONG y fundaciones sin fines de lucro, no a compañías comerciales.
En el caso Camaleón, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimó a la Defensa Pública a representar a una empresa imputada, bajo amenaza de desacato. Valentín anunció que ya se interpusieron recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, mientras otros tribunales han declarado en rebeldía a las empresas y continúan los procesos contra personas físicas, asegurando así que los residentes del Sur reciban defensa técnica cuando la ley lo permita.
La institución respeta las decisiones judiciales, pero rechaza modificar su posición. "No vamos a caer en esa trampa malintencionada de jueces, fiscales y abogados privados", enfatizó Valentín, reafirmando el compromiso con la justicia social en Barahona y toda la región Sur.
