La decisión de Trump de eliminar el TPS para Haití, que afecta a más de 500 asentamientos en RD, genera incertidumbre en comunidades del Sur, donde la presencia haitiana es significativa.
La lógica aplicada por Trump para poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los haitianos, argumentando que Haití puede recibirlos con seguridad, es la misma que podría aplicarse a República Dominicana. Esta decisión, que ya es una realidad, impacta directamente a Barahona y la región Sur, donde se concentran muchos de los más de 500 asentamientos de indocumentados en el país.
En el Sur, la haitianización progresiva ha sido tolerada por administraciones anteriores y la actual, lo que ha permitido que muchos haitianos se hayan integrado en comunidades locales. Sin embargo, esta presencia masiva ha generado tensiones en servicios públicos, empleo y seguridad ciudadana. La decisión de Trump podría agravar la situación si el Gobierno dominicano no actúa con firmeza para desmantelar estos asentamientos.
El acuerdo firmado entre el Gobierno dominicano y el de Estados Unidos para no enviar haitianos deportados a Haití es un precedente peligroso. En Barahona, líderes comunitarios y empresarios turísticos temen que la falta de acción del Gobierno central permita que la región se convierta en un destino permanente para migrantes, afectando la economía local y la imagen turística.
La Cancillería dominicana no ha presentado una censura documentada de las condiciones de vida de los haitianos en RD, lo que ha debilitado la posición del país ante la comunidad internacional. En el Sur, se espera que el Gobierno actúe con la misma contundencia que ha mostrado históricamente para defender sus derechos, sin retroceder ante presiones externas.
